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  • LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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  • Según una publicación, la titular de la Sedatu estaría involucrada en el desvío de 700 millones de pesos en efectivo que terminaron en 20 domicilios particulares
  • Después de que una publicación diera a conocer que Rosario Robles estaría presuntamente relacionada con el desvío de 700 millones de pesos en efectivo, que se habría dado durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), la funcionaria salió al quite y pidió que la investiguen pues no hay pruebas ni elementos que la vinculen a este hecho.

    Durante la conferencia de prensa para notificar el factor 2017 de los beneficiarios del Fondo Minero, la titular de la Sedatu aseveró que ella es la más interesada en que se esclarezca el presunto desvío que se habría destinado hacia 20 domicilios particulares.

    “No necesito el perdón de nadie. A mí que se me investigue”, respondió Robles ante el cuestionamiento de la posibilidad de que el próximo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, investigue su gestión, al tiempo que pidió que se presenten pruebas de las acusaciones ante las instancias correspondientes.

    Al referirse a los contratos de servicios prestados a las dependencias señaladas por diversas empresas, Robles aseguró que se realizaron al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones que es “totalmente legal”.

    Según la publicación, durante la gestión de Robles, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el desvío de 700 millones de pesos en efectivo que presuntamente debían ser destinados a 76 empresas que otorgaban servicios a las dependencias involucradas.

    LEGISLADORES SE PRONUNCIAN

    La bancada de Morena en la Cámara de Senadores pidió poner fin al “manto de impunidad” que cubre a Robles, mientras que Ricardo Monreal  descartó que Andrés Manuel López Obrador deje pasar las “irregularidades”, al tiempo que expresó que el poder legislativo podría crear una comisión investigadora.

    El panista Gustavo Madero se sumó al pedido de justicia y catalogó el caso como “de escarnio, de vergüenza nacional, en donde se observa que todo el sistema de combate a la corrupción está fallando”.

    Por su parte, el coordinador del PRD en la Cámara Alta, Miguel Ángel Mancera, expresó que ningún funcionario público es intocable y que el presunto destino del dinero se debe aclarar a fondo pues no puede haber excepciones.

    El coordinador de la bancada de PAN, Damián Zepeda, pugnó porque las denuncias de la Auditoría no queden archivadas y pidió que no haya desistimiento pues eso sería “gravísimo”.

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