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  • VIERNES 19 DE ENERO DE 2018
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  • Raúl Cervantes, exprocurador general de la República. Foto: Archivo Cuartoscuro
  • Antes de renunciar a la PGR, entregó al Senado un estudio en el que identifica procesos para consolidar el Sistema Penal Acusatorio
  • Antes renunciar como procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade entregó al Senado el documento “Desafíos y acciones para consolidar el Sistema Penal Acusatorio”, en el que se concluye que si se pretende una procuración de justicia en México que dé mejores resultados, se deben perfeccionar los procesos para que sea más eficaz y eficiente; compartir información eficientemente; realizar investigaciones sólidas y tener disposición de los recursos necesarios.

    También, en el documento se establece que el combate a la delincuencia organizada transnacional se debe concentrar la experiencia de diversos países, para generar mejor información, entendimiento y fuerza en las investigaciones para desarticular sus distintas expresiones.

    El exprocurador reconoce en este estudio que la capacidad de un solo país en combatirla es, en el mejor de los casos, limitada. En el peor, disfuncional.

    Cervantes Andrade diagnostica que la delincuencia organizada transnacional opera bajo un esquema de “franquicia”; es decir, la actividad delincuencial en distintos sitios geográficos sigue prácticas y procedimientos operativos estandarizados.

    Por lo que propone la des-formalización de la cooperación para entablar mecanismos de colaboración más ejecutivos, que mejoren la velocidad y contundencia en las investigaciones transnacionales, porque los actuales procesos de cooperación judicial internacionales son complejos y lentos, lo que pone en desventaja a las autoridades frente a estas organizaciones.

    Señala también que después de una consulta nacional para mejorar el sistema penal acusatorio, cuyas conclusiones serán presentadas el 25 de octubre próximo, los resultados arrojaron que se debe modificar el modelo para que sea más eficiente y eficaz, bajo las siguientes directrices:

    -La implementación de un nuevo modelo de gestión que parte de consideraciones de política criminal que garantiza el buen uso de los recursos, para atender los delitos que afectan gravemente a la sociedad.

    -Que las instituciones de procuración de justicia requieren de una arquitectura institucional con visión sistemática.

    -Que las procuradurías y fiscalías del país se rigen por un mismo marco legal, y por tanto, deben mejorar sus procesos para ser más eficaces y eficientes.

    -Que las procuradurías y fiscalías del país, deben respetar los derechos de todos los intervinientes en conflictos penales; para ello, deben contar con mecanismos de prevención y de reacción ante violaciones.

    -Que las instituciones de procuración de justicia de todo el país deben generar, utilizar y compartir información de manera eficiente.

    -Que las instituciones deben ser capaces de realizar investigaciones sólidas para poder conducir procesos exitosos, y

    -Que se requiere en especial, del diseño de un proceso de transición de mediano plazo y, sobre todo, la disposición de recursos necesarios para ello.

    dgp

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