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  • JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018
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  • Aspecto de una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Foto: Archivo Cuartoscuro
  • La demanda es improcedente, porque la comisión estatal de derechos humanos de Jalisco no es una entidad, poder u órgano de gobierno de los contemplados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal
  • El Ministro Instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo, desechó por notoriamente improcedentes, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional que interpuso la comisión estatal de derechos humanos del estado de Jalisco (CDHJ) en contra de la Ley de Seguridad Interior.

    El Ministro Pardo, estableció que si bien los organismos estatales de derechos humanos están legitimados para interponer acciones de inconstitucionalidad, el artículo 105, en su fracción II, inciso g, de la Constitución Federal, establece que pueden hacerlo sólo contra leyes expedidas por las legislaturas locales correspondientes.

    Con base en este criterio, se señala: “Es evidente que dicho órgano carece de legitimación procesal activa para promover la presente acción de inconstitucionalidad”. Señala el documento de desechamiento.

    Por lo que toca a la controversia constitucional, la demanda es improcedente, porque la comisión estatal de derechos humanos de Jalisco no es una entidad, poder u órgano de gobierno de los contemplados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, legitimados para recurrir a este medio de control constitucional.

    “No existe en el artículo 105 de la Constitución General, ningún supuesto que contemple la promoción de una controversia constitucional por parte de una comisión estatal de derechos humanos en contra de alguno de los Poderes de la Federación”. Agrega el documento.

    Hasta ahora, el Ministro Pardo Rebolledo, ha admitido a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Diputados, Senadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

    De igual manera se han admitido las controversias constitucionales presentadas por los ayuntamientos de Cholula, Puebla, y Parral de Hidalgo, Chihuahua.

    En todas ellas se demanda invalidar diferentes disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de diciembre del 2017.

    Guillermo Espinosa/@Guiesga

    smg

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