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  • SÁBADO 24 DE JUNIO DE 2017
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  • Será imprescriptible y se investigará y perseguirá de oficio tras la denuncia de la víctima o por solicitud de una autoridad judicial
  • El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios el dictamen de la minuta del Senado que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

    Estos delitos serán imprescriptibles y se investigarán y perseguirán de oficio tras la denuncia de la víctima o por solicitud de una autoridad judicial.

    Las penas que se aplicarán van desde la prisión preventiva y suspensión del cargo en caso de servidores públicos, así como prisión de entre 10 a 20 años y de 500 a mil días de multa. Los particulares podrán alcanzar de cuatro a 12 años de prisión, con multa de 300 a 600 días.

    Las sanciones se incrementarán hasta en una mitad en caso de que la víctima sea menor de edad, indígena, adulto mayor, persona con alguna discapacidad, mujeres y periodistas, entre otros.

    Prevé la creación de un mecanismo nacional de prevención, de un registro nacional del delito de tortura, un programa nacional de prevención de la tortura y de fiscalías en los estados con autonomía técnica, así como operativa.

    Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el priista Armando Luna, dijo que esta reforma abona a la protección de derechos humanos.

    “En el nuevo ordenamiento se dispone que las penas previstas para el delito de tortura aumenten hasta una mitad cuando la víctima sea un niño, una niña, un adolescente, una mujer, un migrante, un adulto mayor, una persona indígena, alguna persona con discapacidad o haya sido sometido a algún tipo de abuso sexual.

    De igual manera, mediante la creación del mecanismo nacional de prevención y la puesta en marcha del Programa Nacional de Trabajo Interinstitucional se pondrán mayores candados y controles al eventual comisión de este delito”.

    Durante la discusión, los legisladores destacaron que esta ley representa un paso relevante en materia de derechos humanos y que atiende recomendaciones de organismos internacionales, además de que se termina con una práctica que incurrió en violaciones graves.

    La diputada Lía Limón, del Partido Verde, afirmó que no habrá justificaciones para torturar y ningún procesado o sentenciado por el delito de tortura podrá beneficiarse de cualquier tratado internacional, indultos o amnistías, además de que la ley refiere que el Ministerio Público invalidará todos los datos o pruebas obtenidos a través de estas prácticas y se permitirá en la investigación la participación de peritos externos.

    “También se señala la importancia que haya peritos calificados, así como la posibilidad de que los dictámenes puedan ser hechos por peritos independientes o por organismos públicos de protección a los derechos humanos, sin que por ello se pierda el valor probatorio de los mismos, y esto a petición de las víctimas y las víctimas también tendrán derecho a ser examinadas por médicos especializados y o psicólogos de su elección.”

    Las instituciones de procuración de justicia crearán fiscalías especiales con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos, y deberán contar con ministerios públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados para su efectiva operación.

    dgp

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