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  • VIERNES 26 DE MAYO DE 2017
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  • Aspecto de la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro
  • Oposición acusa que se echan para atrás derechos de los ciudadanos y se respetan y multiplican derechos de los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión
  • Tras un ríspido debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con los votos del PRI, PAN, Partido Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza, modificaciones a la ley federal de telecomunicaciones y de radiodifusión en materia de derechos de las audiencias.

    Fueron 288 votos a favor, 18 abstenciones y 114 en contra del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, como se avaló el dictamen, que de inmediato fue enviado al Senado de la República.

    Se determina que corresponderá al Instituto Federal de Telecomunicaciones ejercer las facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias para, en su caso, imponer las sanciones contempladas en la ley. Se elimina la obligación de diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta y, bajo el principio de autorregulación, se establece la obligación de los concesionarios de contar con un código de ética, el cual no estará sujeto a revisión o convalidación del IFT.

    Durante la discusión, los diputados Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, y Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, manifestaron que el dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión constituye un retroceso a los derechos de las audiencias.

    “Se echan para atrás los derechos de los ciudadanos y se respetan y se multiplican los derechos de los concesionarios de un bien público, que está regulado por el Estado mexicano, (el cual) tiene la obligación de proteger y ampliar (según lo establecido en el artículo 6º constitucional)”, destacó Acosta Naranjo.

    Por su parte, Jorge Álvarez Maynez manifestó que el dictamen incluye más de 20 disposiciones, que “son regresivas y están en contra de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones”.

    “No aceptamos que lo que es una obligación del dictamen, quiera ser puesto en la misma lógica de libertades de empresa y de expresión, por una sola razón: porque los concesionarios lucran con un bien de la nación, que es el espectro radioeléctrico, por eso son concesionarios y tienen obligaciones ante el Estado mexicano”, puntualizó.

    Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, Lía Limón, al fundamentar el dictamen, rechazó que con esto se limiten los derechos de las audiencias, como lo acusaron diputados de izquierda.

    Negó que se trate de un desmantelamiento del IFT, pues dijo, se mantienen sus facultades como regulador del sector y aseguró que se armoniza el marco jurídico de la libertad de expresión con el derecho de las audiencias.

    “Falso que se esté limitando el derecho de las audiencias, lo único que se hace es, entre otras reformas, derogar la obligación de distinguir entre información y opinión, que no es un derecho de las audiencias sino una traba que se impone a comunicadores y periodistas. Tal distinción lo único a lo que conduce es a tener un proceso de comunicación poco fluido donde el periodista tiene que estar aclarando cada vez que hay una opinión o un parecer personal del mismo, o tendría que eliminarlo por temor a ser sancionado.

    “Y lo peor es que si los comunicadores no cumplían con esta obligación justamente serían multados, sancionados y, eso sí, constituye una limitante y una amenaza a la libertad de expresión.”

    El dictamen indica que los concesionarios deberán abstenerse de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.

    Se entenderá como que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa, cuando un concesionario inserte dentro de su programación informativa un análisis o comentario editorial cuyo tiempo de transmisión ha sido contratado por un anunciante, sin que se haga del conocimiento de la audiencia y en su Código de Ética, los concesionarios deberán definir medidas para evitar incurrir en esta prohibición.

    Los códigos de ética se difundirán en el portal de internet de cada concesionario, serán presentados al IFT para su inscripción en el Registro Público de Concesiones.

    Además, se aprueba que los lineamientos que, en su caso, emita el IFT, deban garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertada de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos.

    dgp

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