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  • SáBADO 20 DE OCTUBRE DE 2018
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  • Acción Nacional ha sido el partido más perjudicado por los fallos de los tribunales electorales. En este proceso el PAN ha perdido en la mesa las alcaldías de Monterrey, Guadalupe, Coyoacán y Querétaro, que había ganado en la elección del 1 de julio
  • La ‘cruda’ postelectoral ha sido particularmente severa con Acción Nacional.

    El partido blanquiazul ha sido el más afectado por los fallos y resoluciones de los Tribunales Electorales en sus distintas instancias, desde las locales, pasando por las Salas Regionales e incluso en la Sala Superior del Trife.

    Tras haber obtenido el triunfo en las urnas ‘haiga sido como haiga sido’, en la mesa han revertido sus victorias en las alcaldías de Monterrey y Guadalupe en Nuevo León, de Querétaro y la de Coyoacán en la Ciudad de México, entre otras.

    Además, la victoria de la panista Martha Erika Alonso en la elección a la gubernatura de Puebla sigue después de que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaran un nuevo conteo de la votación. Aunque el conteo ya finalizó este fin de semana, aún queda por determinar si se valida la elección o si como pide Morena, se anula.

    Un partido que tradicionalmente destacaba por un eficaz despliegue de recursos legales ante las instancias electorales, por sus batallas en los tribunales -las cuáles muchas veces les dieron el triunfo en la ‘mesa’ o les permitió defender su victoria en las urnas- hoy acumula un revés tras otro.

    En el discurso el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se ha ‘volcado’ en la defensa de sus triunfos que obtuvieron en los comicios del 1 de julio, aunque la realidad es que la Coordinación Jurídica del partido no ha dado hasta el momento los resultados esperados en la etapa poselectoral.

    A todo ello se suma la severa crisis interna en Acción Nacional, que vive un convulso proceso de renovación de su dirigencia nacional que podría terminar por dividir aún más al partido fundado por Manuel Gómez Morín, y que no se puede desvincular de las derrotas del panismo en tribunales.

    En menos de un año, Acción Nacional ha tenido 3 dirigentes nacionales: Ricardo Anaya que pidió licencia para buscar la Presidencia; Damián Zepeda, sustituto de Anaya y que solicitó licencia para ir al Senado, y hoy Marcelo Torres Cofiño

    Aunado a esto también se debe tomar en cuenta la salida o expulsión de militantes como Margarita Zavala o Ernesto Cordero, y un creciente inconformismo por el rumbo que los grupos de poder interno le han dado al partido en los últimos años. Movimientos, enfrentamientos, división y, en medio de todo ello, la ausencia de un liderazgo que encabece con entereza las batallas del panismo, entre ellas la defensa de sus triunfos electorales.

    Tampoco se puede ignorar la coyuntura del cambio político derivado de los resultados electorales del 1 de julio en todos niveles. Con un nuevo partido hegemónico y con las instituciones tradicionales reducidas a su mínima expresión, los órganos electorales podrían estar entrando también en una nueva dinámica.

    El propio dirigente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, ha exigido al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a sus operadores políticos dejar de entrometerse en las decisiones de los tribunales y ha acusado que hay una ‘embestida’ de Morena y lo que queda del PRI en contra de Acción Nacional.

    En general, entre los panistas afines y no afines a los grupos internos predominantes, existe la percepción de que detrás de las decisiones de los tribunales hay motivaciones políticas, ya sea para debilitar al blanquiazul o bien para fortalecer al nuevo partido que encabezará el Ejecutivo.

    “En este caso yo si siento que hay una consigna de pegarle al PAN, yo siento que el PAN siendo la fuerza más importante de la oposición está recibiendo un doble bombardeo, el de Morena y el del PRI y no me extrañaría que haya también un acuerdo entre ellos”, sentencia Juan José Rodríguez Prats, Presidente de la Comisión de Doctrina de Acción Nacional.

    Por su parte, Francisco Gárate, exrepresentante del PAN ante el INE, indica que sí ha habido un cambio de criterios en las recientes resoluciones de las instancias electorales y que integrantes del equipo cercano al presidente electo Andrés Manuel López Obrador podrían estar presionando a los magistrados.

    “A mí me parece que en algunos casos sí se está sintiendo, por parte de Olga Sánchez Cordero (próxima Secretaria de Gobernación) y Julio Scherer (próximo titular de la Consejería Jurídica) que me parece que sí están interactuando de una manera indebida con el Tribunal”, señala.

    Con el proceso electoral concluido y la confirmación de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño inició un proceso de acercamiento con sus adversarios político-electorales.

    Se reunió con Enrique Peña Nieto ya en tres ocasiones, recibió en su casa de transición al candidato priista José Antonio Meade y se ha visto un par de veces con Jaime Rodríguez.

    Pero aunque en más de una ocasión ha intentando tender un puente con Ricardo Anaya, candidato del PAN, y a quien muchos consideran el líder de facto del panismo, ambos personajes aún no se han reunido a casi tres meses de la elección.

    A eso se suman algunos detalles como la ausencia de Damián Zepeda en la entrega de la constancia de mayoría a López Obrador en el Tribunal Electoral. Zepeda era en ese entonces el dirigente nacional del partido y el principal aliado de Anaya. Durante el acto su silla se mantuvo vacía.

    Estos detalles no han pasado por alto dentro del círculo cercano de López Obrador, considerando la conducta de los principales líderes panistas como un desaire.

    El PAN, segundo partido más importante hoy a nivel nacional, es quizá el único que no tiene una interlocución directa ni con la cúpula de Morena ni con el presidente electo, un detalle que no puede ignorarse al analizar las posibles causas por las que ha sido tan golpeado en los tribunales

    Cambio de tendencia

    En 1994 Acción Nacional obtuvo la que sería la primer gran victoria electoral sobre la mesa.

    En la elección por la alcaldía de Monterrey se declaró el triunfo del priista Jorge Manjarrez, quien recibió la constancia una semana después de la votación. Sin embargo, después de semanas de marchas por acusaciones de fraude y graves omisiones, se revocó la decisión y un día antes de la toma de protesta de Manjarrez, la Sala de la Segunda instancia le otorgó el triunfo al panista Jesús Hinojosa, quien se convirtió en el primer alcalde blanquiazul de la capital de Nuevo León.

    El propio gobernador de la entidad en esos años, Sócrates Rizzo, reconoció que la decisión se trató de una negociación de alto nivel. El presidente electo en la misma elección, Ernesto Zedillo, habría concertado con las altas esferas panistas otorgarles la alcaldía de Monterrey a cambio del reconocimiento de su triunfo en la elección presidencial.

    Este sería el primer antecedente de algo que caracterizó al panismo en las últimas dos décadas, la capacidad de negociación de sus líderes y la tradición de buenos juristas y abogados que defendían al panismo ante la Comisión Federal Electoral o ante el IFE o que litigaban eficientemente en los tribunales

    En esa tradición los panistas reconocen a hombres importantes como Juan de Dios Castro, Juan José Hinojosa, Diego Fernández de Cevallos o en tiempos más recientes a Roberto Gil Zuarth.

    Sin embargo, fueron muchas circunstancias las que se sumaron para que el PAN se fuera desdibujando en la arena del litigio electoral y la negociación. La tendencia cambio, aunque el giro ha sido más dramático en los últimos años, coincidiendo con la llegada de Ricardo Anaya como líder nacional.

    Antes de la supuesta ofensiva en contra del PAN tras las elecciones de 2018, el blanquiazul falló en su impugnación para la gubernatura de Coahuila en 2017, donde el priista Miguel Riquelme se alzó sobre el panista Guillermo Anaya, muy cercano a Ricardo.

    A pesar de que se documentaron diversas anomalías como el traslado irregular de paquetes electorales o el rebase del tope de campaña de Riquelme, al final, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la victoria del priista.

    Esta elección exhibió, por una parte, la impericia de la coordinación jurídica panista para sustentar jurídicamente de forma eficaz sus alegatos y lograr la anulación de los comicios. Por otro lado, la ofensiva de Ricardo Anaya en contra del PRI y del gobierno Federal rompió cualquier puente de interlocución con estos actores, lo que dificultó aún más cualquier negociación. El encono continuó hasta el proceso electoral de 2018.

    Hoy, el PAN se encuentra en la defensa del triunfo de Martha Erika Alonso en la gubernatura de Puebla, en donde el TEPJF ordenó el conteo de todos los paquetes electorales -no solo de aquellos en donde se detectaron irregularidades- para ‘salvaguardar el principio de certeza’. Concluido el conteo, los tribunales aún deberán determinar si se ratifica el resultado en favor de la panista o si se realiza una elección extraordinaria como exige el morenista Luis Miguel Barbosa.

    Apenas la semana pasada, la Sala Regional de Monterrey decretó la anulación de las elecciones a las alcaldías de Querétaro y Huimilpan en Querétaro, ambas ganadas por el PAN en las urnas.

    En el primero de los casos por una supuesta intervención indebida del presidente interino en el proceso para favorecer al candidato panista Luis Bernardo Nava. En la segunda se argumentó que la candidata blanquiazul, Leticia Servín, utilizó imágenes religiosas con fines electorales

    Pero quizá la decisión más controvertida que ha golpeado al PAN en este proceso postelectoral ha sido la que tomó el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León al revertir las victorias de Felipe de Jesús Cantú y Pedro Garza, candidatos a las alcaldías de Monterrey y Guadalupe, respectivamente para otorgárselas a los priistas Adrián de la Garza y Cristina Díaz.

    Los magistrados del Tribunal local determinaron invalidar la votación en algunas casillas que fueron impugnadas por el tricolor en ambos municipios por diversas irregularidades, lo que modificó los resultados finales. La decisión ocasionó una enardecida protesta de los panistas en la sede del tribunal, quienes encararon tanto a los magistrados como a los priistas. La calificación de la elección se encuentra en la Sala Regional de Monterrey, donde el PAN espera que se revierta la decisión del Tribunal local.

    Al PAN también le han quitado otros triunfos electorales en la mesa como los de la diputación en el distrito 3 federal en Mérida, el de la alcaldía de Copalillo, Guerrero o la de Tamazunchale en San Luis Potosí (aunque la Sala Regional de Monterrey se la devolvió en segunda instancia)

    Inconsistencias

    Francisco Gárate, exrepresentante del PAN ante el INE, asegura que las recientes decisiones de los tribunales, revirtiendo las victorias que el partido obtuvo en las urnas, obedecen a diversos factores, entre las que menciona un cambio de criterio entre los magistrados y una posible injerencia de actores políticos.

    Ante sus derrotas en los tribunales electorales, el PAN asegura que las instituciones no están siendo consistentes sobre sus decisiones o en sus interpretaciones, lo que atribuyen a que al ser instancias relativamente recientes, aún se encuentran en la definición de sus criterios

    “Un primer factor es que yo creo que la Sala Superior del Tribunal Electoral sí ha entrado en una dinámica distinta a la que anteriormente traía. Esta Sala me parece que viene rompiendo una serie de criterios que se habían venido estableciendo en sus predecesoras y sí creo que en algunos ha sido con una gran sorpresa”.

    Además, el panista asegura que en cuanto a los Tribunales Electorales, percibe que no están siendo consistentes en sus decisiones o en sus interpretraciones, más rígidos en algunas, más flexibles en otras, lo que atribuye a que, al ser instancias relativamente recientes, aún se encuentran en la definición de sus criterios.

    “Yo lo que veo es que lamentablemente los Tribunales Electorales no están siendo consistentes. Si tú ves por ejemplo los tribunales en materia civil, o en materia penal, me parece que son mucho más consistentes en los criterios que adoptan y consecuentemente en sus resoluciones, sin que ello signifique que en ocasiones existan diferencias, por supuesto que las hay”, asegura.

    Señala el caso de Puebla, por ejemplo, en donde reconoce que no hubo ninguna ilegalidad por parte de los magistrados de la Sala Superior al determinar el conteo total de la votación, aunque sí un extremo rigor.

    “Creo que a lo mejor hizo falta un poco de flexibilidad, que la propia legislación te da algunas pautas. Me sorprende que la Sala Superior haya tomado una decisión de una apertura generalizada, es un precedente que yo no recuerdo, ni siquiera en la elección presidencial de 2006 se dio una apertura generalizada. Es un poco discrecional”.

    Por último, negó que estas decisiones en contra del PAN se puedan atribuir a una deficiente actuación del área jurídica del partido, a la que reconoce por su compromiso, aunque dice que los cambios y el momento que vive el partido sí influye de alguna forma en otras instancias de la institución política.

    El 27 de septiembre de 2018 la Sala Regional de Monterrey decretó la anulación de las elecciones a las alcaldías de Querétaro y Huimilpan, ambas ganadas por el PAN

    “Sí creo yo que a lo mejor ha faltado un poco de continuidad en el aspecto político. Evidentemente todo este tipo de cambios te implican frenos, te implican una ruptura en la línea de trabajo de lo que viene haciendo el PAN”.

    Tribunales al servicio del poder

    El presidente de la Comisión de Doctrina de Acción Nacional, Juan José Rodríguez Prats, no tiene ninguna duda de que las recientes decisiones de los tribunales tienen toda la intención de golpear al PAN y son ejecutadas por tribunales que están al servicio del poder.

    “En este caso, yo si siento que hay una consigna de pegarle al PAN, yo siento que el PAN, siendo la fuerza más importante de la oposición, estamos recibiendo un doble bombardeo, el bombardeo de Morena y el bombardeo del PRI y no me extrañaría que haya también un acuerdo entre ellos”.

    Una de las decisiones cuestionables del Poder Judicial, de acuerdo con el PAN, fue haber dado el registro como candidato a “El Bronco”

    “¿Cuál es el enemigo común que los une? Pues el PAN, el que también tiene un conflicto fuerte en lo que se refiere a la elección de su nueva dirigencia, entonces hay que pegarle”, refiere.

    De igual forma, señala que además de los triunfos que le han quitado al PAN, como las alcaldías de Monterrey, Guadalupe y Querétaro o la decisión de llevar a cabo un nuevo conteo en Puebla, los Tribunales, en especial el TEPJF han tomado determinaciones que ponen en entredicho su desempeño.

    “Creo que el desempeño del Tribunal Electoral ha sido verdaderamente aberrante. Haber cancelado la multa que le había puesto el INE a Morena por el falso fideicomiso, haber dado el registro como candidato al Bronco y haber convalidado la elección en Coahuila me parece que son una serie de cosas que no habíamos visto jamás por arbitrarias, y a qué obedece, a que están sirviendo al poder, no a la ley.

    Juan José Rodríguez Prats, presidente de la Comisión de Doctrina del PAN, asegura que lo único que puede explicar las decisiones de los tribunales en contra de su partido es que están favoreciendo a la nueva institución política en el poder

    Son decisiones que no pueden ser sustentadas jurídicamente, son decisiones que la única explicación que nos podemos dar es que están acatando una consigna. Y que un Poder Judicial del que ya presumíamos que había cierta independencia y cierta autoridad moral, pues en estas decisiones se ha venido deteriorando estrepitosamente”, concluye.

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