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  • MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2018
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  • Para revertir la grave situación de violencia por la que atraviesa el país el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador ha optado por implementar un proceso de justicia transicional, el cual contempla la creación de comisiones de la verdad, la aplicación de la amnistía y poner en el centro de la estrategia a las víctimas
  • Aquí y allá, en todos los estados del país, el clamor entre las víctimas de la violencia es sólo uno: primero justicia; después perdón.

    El nuevo gobierno que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre ha acuñado un concepto que encierra toda una estrategia para la pacificación del país: México requiere de una “justicia transicional”.

    ¿De qué se trata la justicia transicional de la que tanto se ha hablado en las semanas recientes?

    De medidas políticas y judiciales especiales que se aplican en sociedades rotas por conflictos que han quebrado a las comunidades; la intención es alcanzar la paz mediante estos procesos no convencionales que tienen una cierta duración de tiempo

    Además, son mecanismos que apuntan a la rendición de cuentas, pero también a la reparación de los daños para las víctimas.

    “La justicia transicional es un conjunto de herramientas y de acciones que los estados pueden tomar para transitar de un conflicto o de una situación de precariedad del estado de Derecho hacia la paz”

    – Carlos Pelayo

    Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

    No hay recetas para este proceso de justicia transicional; aunque se ha aplicado en varios países, cada uno de ellos ha tenido que crear un modelo acorde al fin que persiguen y a los acontecimientos que estas sociedades han vivido.

    La justicia transicional permite, por ejemplo, establecer comisiones de la verdad para conocer qué pasó en ciertos casos emblemáticos o cómo se dieron violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

    Permite también crear órganos especiales, como un Gran Tribunal o un Gran Jurado, que realice juicios y establezca castigos para los responsables de estas violaciones o crímenes; y al mismo tiempo, puede instaurar mecanismos para otorgar amnistía a determinadas personas

    Para tener éxito, estas estrategias y herramientas deben ser plenamente apoyadas tanto por el gobierno como por la sociedad civil y, sobre todo, por las víctimas, pues se trata de ponerlas a ellas en el centro para avanzar hacia una reconciliación nacional.

    Una receta mexicana

    Aunque han sido aplicados en varios países del mundo, los modelos de justicia transicional no son mecanismos estándar; cada una de estas naciones ha creado sus estrategias conforme a su realidad nacional.

    Para México se busca crear una “receta mexicana” que pueda dar solución a la crisis de violencia e impunidad que vive el país y que ha llevado a que estos índices vayan en aumento.

    El esfuerzo de comenzar con un periodo de justicia transicional está en manos de Olga Sánchez Cordero, futura Secretaria de Gobernación, quien junto con Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos, ya trabajan en esa receta mexicana en pos de la pacificación

    Ayer, durante un encuentro con empresarios y sociedad civil en el Foro Forbes, Sánchez Cordero explicó que el centro de la justicia transicional en México deben ser las víctimas.

    “Pretendemos tener un programa y una política integral de reparación del daño, darles respuesta a todas estas víctimas y a sus familias que han sido no solamente los jóvenes asesinados y las madres que los buscan, sino un programa que atienda a todo un sistema de víctimas”, expuso Sánchez Cordero.

    Los cuatro ejes de esta justicia transicional mexicana estarán basados en derechos de las víctimas de la violencia.

    Primero, el derecho a la verdad. “Muchísimas familias no conocen cuál es el paradero de sus seres queridos; o qué pasó; o por qué los mataron; por qué los desaparecieron; en dónde están.

    Ese es uno de los derechos fundamentales de las víctimas, el derecho a la verdad”

    Segundo, el derecho a la justicia. “Es otro de los derechos importantísimos de las víctimas. Es decir, que los responsables sean procesados y que los procesados sean condenados y paguen por los crímenes que cometieron”.

    Tercero, el derecho a la reparación. “Es un tema vital, pero no podemos ser selectivos en las reparaciones; tenemos que tener un programa y un proyecto integral de reparaciones para las víctimas en estos 10 o 12 años”.

    Cuarto, el derecho a tener mecanismos de no repetición. Entre estos mecanismos están programas (como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, con becas para estudiantes o salarios para aprendices); o la aplicación de una Ley de Amnistía.

    Esta Ley de Amnistía, explicó, no será uno de los puntos de arranque; se dará después del proceso de justicia y cuando se llegue al momento de la reconciliación.

    “¿Es un proceso largo? Es un proceso largo”, sentenció Sánchez Cordero.

    El proceso de justicia transicional para México estará conformado en dos grandes vertientes.

    Primero, en la vertiente de la Verdad, se conformarán comisiones de la verdad para averiguar qué pasó en grandes casos de violaciones graves de derechos humanos o crímenes que se consideran de lesa humanidad que se hayan cometido en el país.

    Organizaciones de derechos humanos han advertido que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad como asesinatos, esclavitud, tortura, desapariciones forzadas, violación sexual o desplazamiento forzado; para que sean considerados como tales, deben haber sido perpetrados como un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Esos crímenes no prescriben a nivel internacional.

    En la vertiente de Justicia trabajarán la Fiscalía General de la República, entidad a cargo de la persecución judicial, así como los Mecanismos Internacionales contra la Impunidad —pues ya se ha dicho que se pedirá ayuda a instancias internacionales—. Junto a ellos, trabajará también el Sistema Nacional Anticorrupción.

    Además de estos elementos, se conformará un Sistema Nacional de Búsqueda, que coordinará la labor de los tres niveles de gobierno y los colectivos de víctimas para localizar a las personas desaparecidas.

    También trabajará simultáneamente un esquema integral de reparación a las víctimas, en donde el Estado tomará como suya la responsabilidad y se creará un mecanismo de protección para víctimas y testigos, que incluirá a defensores de derechos humanos.

    Cada país que busca aplicar un modelo de justicia transicional debe crear sus propias estrategias basadas en sus necesidades y experiencias, ya que no existe una fórmula general que sirva para revertir la violencia y la impunidad

    Todas estas estrategias se encaminarán para que las víctimas y sus familias encuentren la paz y pueda lograrse la reconciliación y la pacificación del país.

    Desmenuzando la justicia

    Apartir del anuncio de que el nuevo gobierno impulsará la justicia transicional para llegar a la pacificación del país, organizaciones defensoras de derechos humanos han comenzado a estudiar la forma en que esta estrategia opera.

    El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, el Fondo Global de Derechos Humanos y la Fundación Heinrich Böll, publicaron un documento para entender cómo se aplican los cuatro pilares de la justicia transicional.

    “Un proceso de sanción necesita trabajar con el pasado para transformar las narrativas de derrota en narrativas de esperanza y futuro”, señalan estas organizaciones en el documento “Justicia Transicional”

    En primer lugar está el Derecho a la Verdad, que “comprende una doble dimensión. En primer lugar, se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre los hechos que dieron lugar a las graves violaciones de derechos humanos, la suerte que corrió la víctima, así como la identidad de quienes participaron en ellos.

    “Después se reconoce el derecho irrenunciable que toda sociedad tiene de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que los delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir”, explica el documento.

    Este derecho se garantiza a través de la implementación de comisiones de la verdad, que se conforman por especialistas que investigan patrones de abusos durante un periodo determinado y que afectan a un sinnúmero de personas

    Estas comisiones deben estar aprobadas oficialmente por el Estado, de tal manera que puedan tener acceso a la mayor cantidad de información posible.

    Además, las organizaciones llaman la atención sobre el hecho de que las comisiones de la verdad son creadas como parte de una transición “de un gobierno autoritario a uno democrático o de una guerra civil o violencia extrema a la paz”, y son temporales.

    En segundo lugar está el derecho a la Justicia, que busca castigar a los responsables de los hechos criminales, en ocasiones permitiendo la creación de figuras especiales que imparten justicia.

    “En los países que recurren a la justicia transicional, la realidad es que la justicia funciona mal, por lo que se ha recurrido a la creación de algún tipo de órgano especial para la investigación y juzgamiento penal de graves abusos cometidos por el régimen anterior (fiscalía, tribunal o ambos).

    “Por la masividad de la violencia, la justicia transicional pretende asegurar, cuando menos, poder procesar a los máximos responsables de los mayores crímenes”, explican las organizaciones.

    Son dos los tipos de justicia que se aplican en el modelo transicional. El primero es la retributiva, donde hay procesos penales y penas carcelarias; la segunda es la restaurativa, que trabaja con la participación de las víctimas y comunidades involucradas, discuten los hechos y ven la causa de los delitos

    Este segundo tipo de justicia, “presta gran importancia al arrepentimiento, la aceptación de la responsabilidad y la reparación por parte de los ofensores”; el fin es restablecer las relaciones entre las víctimas y los perpetradores, tanto como sea posible, pues pertenecen a la misma comunidad.

    En este paso de justicia entra también la posibilidad de una amnistía, que integrantes del nuevo gobierno han planteado como una alternativa que no sería aplicada a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, como homicidios, desapariciones forzadas, trata de personas o tortura, entre otros.

    El tercer derecho considerado pilar de la justicia transicional es la Reparación. Mediante él, se busca restituir a las víctimas tanto material como simbólicamente por sus derechos que han sido violentados.

    Puede darse de cuatro maneras: la restitución —que establece a la víctima en la situación previa a los hechos, siempre que sea posible—; la indemnización —que es la compensación monetaria apropiada y proporcional a la gravedad de cada caso—; la rehabilitación —que incluye medidas como la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales; y la satisfacción —que comprende medidas como declaraciones oficiales o decisiones judiciales que restablezcan la dignidad, reputación y derechos de la víctima, así como el reconocimiento y aceptación de la responsabilidad por parte de los perpetradores—.

    Para que la estrategia de pacificación que buscará implementar la próxima administración funcione se debe garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación de los daños y la no repetición de las agresiones

    Finalmente, el cuarto pilar de la justicia transicional son las Garantías de no Repetición, que incluyen medidas de prevención. Entre ellas pueden encontrarse una reforma a las instituciones; el desmantelamiento de grupos armados no oficiales; la derogación de legislación incompatible con derechos fundamentales; la investigación de antecedentes de los miembros de las instituciones de seguridad y del poder judicial; y la protección de defensores de derechos humanos, entre otros.

    Los resultados en otros países

    En múltiples países se ha aplicado la justicia transicional; la iniciativa Transitional Justice Database Project (Proyecto de Base de Datos de Justicia Transicional), creada por tres investigadores de la Universidad de Wisconsin, en el 2005, habla de más de 900 mecanismos que se han aplicado entre 1970 y 2007, periodo que estudiaron.

    En Colombia, por ejemplo, la justicia transicional comenzó en el año 2005 con la Ley de Justicia y Paz. Con ésta se estableció un proceso penal especial con énfasis en las víctimas, para que excombatientes de las FARC pudieran tener penas más bajas a cambio de dar información, contribuir a la reparación del daño a las víctimas y a la reconciliación nacional.

    “De acuerdo con las cifras del Sistema Interinstitucional de Información en Justicia Transicional (SIIJT), a lo largo de los procesos penales especiales de Justicia y Paz, los postulados han confesado más de 40,000 crímenes que afectaron a 51,000 personas.

    “Con base en información resultante de dichos procesos, las autoridades han entregado mil 318 cuerpos a los familiares”, expone el Ministerio de Justicia de Colombia.

    Sin embargo, el propio Ministerio reconoce que en más de una década, la reparación a las víctimas ha fluido lentamente, así como en cuanto a la persecución penal.

    Otro caso de justicia transicional se aplicó en Argentina después de la dictadura de las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983, y en la que se calcula desaparecieron más de 30 mil personas—aunque las cifras oficiales hablan de 80 mil 961—, se secuestró a cientos de niños y se encarceló a miles de opositores.

    En 1983, el mismo año en que la dictadura fue vencida, fue creada la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Dos años después fueron condenados los miembros de las Juntas Militares que ejercieron el gobierno.

    Hasta el 2010, según el Centro Internacional de Justicia Transicional, 800 personas habían enfrentado causas penales y 200 de ellas ya habían sido condenadas en Argentina

    “Los procesos actuales afectan a importantes dirigentes, autores directos de crímenes y cómplices civiles de los mismos, entre ellos sacerdotes, jueces y exministros”, indica el Centro.

    Otros países que han aplicado procesos de justicia transicional son Chile, después de la dictadura de Pinochet; Sudáfrica, después del Apartheid; o en la ex Yugoslavia, luego de la Guerra de los Balcanes.

    Para muchas naciones que han enfrentado dictaduras o guerras civiles la única manera de recuperar la paz ha sido mediante la implementación de una plan de justicia transicional

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