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  • MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017
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  • Integrantes de la CNTE en oposición a Reforma Educativa
  • Ciudad de México.- Presenta la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio ,Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), una demanda de amparo indirecto ante el Poder Judicial Federal, contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), donde solicita a los jueces ordenen al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aplicar el estado de derecho contra el magisterio, que se les ordene la suspensión de actividades y se les regrese a clases a partir del próximo lunes, cuando inicia el ciclo escolar.

    Enrique Solana Sentíes, presidente del organismo, aseguró que representantes de 100 Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo en todo el país, se suman a la demanda, ante los daños económicos que el magisterio ha provocado en los últimos tres meses con una conducta intransigente y sectaria y esperan que el Poder Judicial emita una determinación en menos de 48 horas.

    “Solicitamos del Poder Judicial que autorice la suspensión inmediata de los actos y esto es ordenarle al Poder Ejecutivo que proceda de inmediato. Entonces, hasta ahorita el Poder Ejecutivo ha estado libre de tomarse el tiempo que piense conveniente para actuar, entonces la mesa de diálogo se puede seguir meses”, indicó.

    El líder del comercio establecido del país dijo que esta acción judicial se determinó, ahora que se ve que este grupo de inconformes no sólo se ha desviado de su principal objetivo, sumando más demandas a su lista y con un propósito franco de alargar el conflicto, sino que además han llevado al extremo sus acciones.

    Por su parte, Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) le demandó a las autoridades, aplicar el estado de derecho y garantizar que el próximo lunes, en el arranque del ciclo escolar 2016-2017 no habrá una sola escuela cerrada.

    “Haremos desde ahora, un llamado al Estado Mexicano para que no haya una sola escuela, una sola escuela en todo el territorio nacional en la cual no se inicien puntualmente las clases en el ciclo escolar. Esa es, diríamos, la fecha fatal en la cual se debe mostrar la vigencia plena del estado de derecho, porque si bien es cierto, las afectaciones en la economía son graves, ninguna otra puede ser más grave que permitir que un grupo vulnere el derecho fundamental que tienen los niños mexicanos a recibir educación”.

    En el marco del Foro Empresarial Anticorrupción que organizó la Coparmex, el líder del sindicato patronal mencionó que en una afectación gruesa, la estimación por pérdidas en los estados afectados es de 115 mil millones de pesos.

    Rosalba Amezcua

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