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  • VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017
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  • Ejecutan a 12 civiles
  • Michoacán.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que la Policía Federal no sólo mintió, sembró armas y manipuló evidencia en el enfrentamiento con miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación el 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, sino que 22 de los 42 civiles que murieron fueron ejecutados arbitrariamente.

    Al presentar la recomendación 4VG//2016 sobre el caso, en la que acreditan violaciones graves a los derechos humanos, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, instó al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, a que colabore con la investigación de la PGR para determinar la responsabilidad de los mandos que ordenaron, autorizaron o toleraron dichas acciones.

    “Violación al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles. Violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la muerte de 4 personas”, reveló el ombudsman nacional.

    Sobre la actuación de la Policía Federal, la CNDH constató que mintieron, ya que no se registró una persecución; también sometieron a los vigilantes del rancho “El Sol”; el enfrentamiento ocurrió dos horas antes de lo informado por los uniformados, es decir, entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana y no a las 8:00, como declararon los efectivos policiacos y la comisión cuenta con elementos que hacen presumir que la mayoría de los civiles estaban dormidos cuando inició el operativo policiaco.

    Ismael Eslava, primer visitador general de la CNDH, dio a conocer que “42 civiles perdieron la vida, de ellos, 40 murieron a causa de los proyectiles de arma de fuego, incluso uno de ellos fue expuesto a fuego directo cuando aún se encontraba con vida, uno resultó carbonizado y uno atropellado; además, de un policía federal herido por proyectil de arma de fuego, en todos los casos los disparos de arma de fuego se realizaron a una distancia mayor a 90 centímetros”.

    De las 22 personas ejecutadas arbitrariamente 13, tienen lesiones por proyectiles de arma de fuego en el plano posterior; es decir, en la espalda.

    En tanto que ocho personas se determinó que estaban en movimiento o corriendo y tres víctimas, que se encontraban sometidas, fueron privadas de la vida.

    Al lugar arribaron cinco elementos federales a bordo de un helicóptero artillado que disparó más de 4 mil balas. “4 mil disparos que ustedes vieron en las imágenes, qué tal que si había niños, niñas u otras personas, por eso aquí lo que se denota es que no se siguieron los protocolos de actuación”, reclamó Luis Raúl González Pérez.

    Pese a que el operativo terminó antes de las 10 de la mañana, personal de la Procuraduría General de justicia de Michoacán ingresó a las dos de la tarde para iniciar las diligencias, por lo que, de acuerdo con la CNDH, la Policía Federal tuvo cuatro horas para manipular la evidencia. “Las armas relacionadas con siete cadáveres fueron manipuladas y movidas de su posición original posterior al fallecimiento de las víctimas, las armas que se relacionan con 16 cadáveres, fueron colocadas deliberadamente por la Policía Federal”, acusó Eslava Además, 13 víctimas estaban desarmadas y de 15 personas se desconocen las causas del deceso.

    La CNDH denunció que las 42 necropsias se practicaron en medio de irregularidades. El organismo también denunció que dos de las tres personas detenidas fueron torturadas.

    En la recomendación, el organismo nacional le pide al Comisionado Nacional de Seguridad que repare los daños, incluyendo una compensación económica, a los familiares de las 22 víctimas ejecutadas arbitrariamente, diseñe un curso sobre derechos humanos y emita lineamientos para la no repetición.

    El presidente de la CNDH aseguró que no se opone al uso de la fuerza cuando es la única opción para repeler una agresión real; pero se deben aplicar protocolos respetando los derechos humanos.

    MÁS ABUSOS

    La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán investiga un presunto abuso de autoridad por parte de policías estatales, quienes habrían disparado en contra de estudiantes normalistas en Nahuatzen el pasado 16 de agosto.

    La dependencia informó que luego de conocer un video donde presuntamente elementos estales de policía accionan sus armas contra los normalistas y a quienes despojaron de dos  armas largas y una corta, la Unidad de Asuntos Internos se encargará de determinar su probable responsabilidad en este caso.

    Noemí Gutiérrez

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