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  • JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017
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  • María Georgina Domínguez Colio. Foto: Cuartoscuro
  • Gina Domínguez está involucrada en peculado
  • ISRAEL YÁÑEZ 

    La suerte jurídica de María Georgina Domínguez Colio, exvocera de Javier Duarte de Ochoa, no cambia pese a sus esfuerzos de alcanzar la libertad, pues un juez de distrito le negó la suspensión en contra del auto de vinculación a proceso en prisión.

    Por conducto de la demanda 593/2017, la mujer buscaba revertir la orden de prisión preventiva oficiosa de un año, decretada por su responsabilidad en los delitos enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y desvío de recursos.

    El juez de distrito le negó la suspensión provisional contra el acto del 21 de mayo pasado, decretado por Verónica Portilla Suazo, juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Undécimo Distrito Judicial en Veracruz, con residencia en Pacho Viejo.

    Por ello, la exvocera de Duarte de Ochoa –quien espera en Guatemala para ser extraditado a México–, seguirá en prisión, pues aunque los delitos que se le imputan no son graves, la juez de Control consideró que representa un riesgo para las investigaciones dejarla en libertad.

    El juez de amparo emplazó a las partes para el próximo 2 de junio para la audiencia incidental y presentación de pruebas y alegatos, con ello se valorará sí efectivamente hubo una posible violación constitucional contra Domínguez Colio, y así otorgar la suspensión definitiva y entrar en el juicio de fondo.

    “Como está ordenado en el cuaderno principal, dese trámite por duplicado al incidente de suspensión, se señalan las 12:35 del 2 de junio del 2017 para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se niega la suspensión provisional”, dice el resolutivo del Juzgado Decimoctavo de Distrito en Veracruz.

    Lado oscuro

    Domínguez fue coordinadora de Comunicación Social de Veracruz en la administración de Javier Duarte, durante la época cuando se registró el mayor número de violaciones y agresiones en contra de periodistas, aunque no fue detenida por ninguno de los hechos vinculados a los ataques a la libertad de expresión.

    La noche del sábado 20 de mayo fue aprehendida en Xalapa por elementos de la Policía Ministerial, como parte de la acusación de la Fiscalía General del Estado (FGE) por un presunto quebranto cercano a los 100 millones de pesos durante su encargo de 2010 a 2014.

    La mujer fue trasladada al penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, donde era requerida por la juez por uso indebido de recursos en supuestas empresas fantasma, y por el cual se decretó la prisión preventiva oficiosa el 21 de mayo como parte del proceso 110/2017.

    La Fiscalía de Veracruz cuenta con testigos sobre los hechos que se le imputan a Domínguez, quien fue presentada a la sala de juicios orales 4, donde se decretó la prisión preventiva oficiosa ante el posible riesgo de una fuga, pues la inculpada dijo tener diversos domicilios.

    La exvocera del gobierno estatal es acusada de haber desviado fondos de la Coordinación General de Comunicación Social en complicidad con otros exfuncionarios.

    De acuerdo con las investigaciones, por medio de la empresa Servicios Especializados de Comunicación e Imagen (SECI), propiedad de Gina Domínguez, se llevó a cabo el desvío de recursos.

    La referida firma recibió de la hacienda estatal 17 millones de pesos, entre 2012 y 2013; otro de los socios, Miguel Ángel Gutiérrez Garduza, integrante del consejo de vigilancia de la empresa, fue beneficiado con recursos públicos por 10 millones de pesos, entre 2012 y 2016.

    Relación con medios

    La exfuncionaria responsabilizó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz de haber pagado a los medios con rubros distintos a los de la difusión de las tareas del gobierno del estado.

    Dijo que su labor al frente de Comunicación Social se limitó a solicitar la suficiencia presupuestaria a Sefiplan para enfrentar los pagos con los medios.

    Asimismo, justificó no haber signado contratos de publicidad con los medios al señalar que habría sido ilegal, ya que no contaba con los recursos presupuestarios.

    BPG

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