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  • MIéRCOLES 18 DE JULIO DE 2018
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  • Senado de la República
  • Ciudad de México, 6 de julio de 2016.- En lo general y particular, el pleno del Senado de la República avaló las observaciones del Ejecutivo Federal al decreto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, llamada Ley 3de3, contenida en las normas generales del Sistema Nacional Anticorrupción, con lo cual se exenta a personas físicas y morales de presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

    Antes de pasar al Pleno, comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, aprobaron el dictamen que modificó 10 artículos de la mencionada normatividad, que forma parte de las leyes secundarias para el combate a la corrupción.

    Aunque hubo “agrias” críticas a su aprobación por parte de legisladores del PAN, PRD, PT e independientes, la discusión en reunión de comisiones fue breve, lo que no sucedió en el pleno, pues los posicionamientos fueron prolongados durante la discusión de las leyes General del Sistema Anticorrupción y la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa.

    Senadores coincidieron con las observaciones del presidente Enrique Peña Nieto sobre la no modificación a dichos artículos, las cuales se aplicarían, de manera indiscriminada, a todas las personas que reciben recursos públicos sin distinción.

    Incluso alcanzaría a quienes reciben beneficios de programas sociales, estudiantes que gozan de becas de entidades públicas, o bien personas físicas que prestan servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público.

    De esta manera, el dictamen aprobado no incluye la obligación de personas físicas o morales de presentar declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de intereses, por lo que las referidas declaraciones sólo se aplicarán a servidores públicos, pero sin máxima publicidad.

    Durante las discusiones en comisiones y en el pleno se manifestó la mea culpa, pues senadores de diferentes bancadas aceptaron un desaseo en la redacción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

    La senadora panista Marcela Torres Peimbert reiteró su acusación al PRI y PVEM por evitar que avanzara en el espíritu de la Ley 3de3, es decir, que se obligara a máxima publicidad a las declaraciones de servidores públicos.

    “La moraleja de este cuento: a grandes demandas ciudadanas, respuestas institucionales cortas y sordas. Por la ambición de algunos, el miedo e ignorancia de otros, la reforma de Estado más importante de los últimos 20 años se percibe como insatisfactoria; los mexicanos se siente defraudados una vez más por su clase política”, fustigó.

    César Aguilar

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