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  • VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017
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  • Ejército. Foto: Cuartoscuro
  • La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República analizará y acordará este martes la ruta a seguir para legislar sobre las facultades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior.

    El presidente de este órgano de gobierno legislativo, Fernando Herrera Ávila, indicó que con ello se busca hallar el justo equilibrio entre la plena protección de los derechos humanos y el trabajo del Ejército y la Marina Armada de México en materia de seguridad.

    De convocarse, el periodo extraordinario debería realizarse en enero próximo, debido a que el ordinario del segundo año de la LXIII Legislatura concluye el 15 de diciembre y el siguiente iniciará el 1 de febrero de 2017.

    Herrera Ávila precisó que se verá si da tiempo para recibir las propuestas, instalar las mesas de discusión y dictaminar la o las iniciativas correspondientes.

    Indicó que se buscará trabajar en conferencia con la Cámara de Diputados, y que esperan el compromiso del Ejecutivo Federal en esta tarea, toda vez que no se ha visto el trabajo de cabildeo de la Secretaría de Gobernación en el Congreso.

    El también coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que su bancada está preparada y dispuesta para dar a las Fuerzas Armadas el marco legal que exigen en tareas de seguridad.

    Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, afirmó que su grupo parlamentario reconoce en el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y en el almirante Vidal Soberón, de la de Marina Armada de México (Semar), su lealtad al presidente Enrique Peña Nieto, a las instituciones, su compromiso con los mexicanos y su convicción de servicio.

    “Los priistas ratificamos nuestro compromiso de actualizar, a la brevedad, el marco normativo que les brinde certidumbre jurídica, fortaleza y capacidad de acción”, dijo.

    Reconocen labor

    El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, destacó la valiosa participación de las Fuerzas Armadas para retomar el control de zonas vulneradas por la delincuencia, y se pronunció en favor de crear un marco legal que trace la ruta de su regreso a los cuarteles.

    Anaya Cortés reiteró el reconocimiento de su partido al Ejercito y a la Marina, “porque han mantenido, hasta donde ha sido posible, la paz y la tranquilidad en el país, desempeñando funciones para las que no fueron preparados”.

    Una cosa es prepararse para la guerra y otra hacerlo para efectuar labores de seguridad pública, dijo el dirigente del blanquiazul.

    “El más amplio reconocimiento y solidaridad de Acción Nacional a las Fuerzas Armadas de México, por la labor que han desempeñado para resguardar nuestro bien más preciado: la paz y seguridad de las familias”, expresó.

    Consideró que ante la situación actual en materia de seguridad, sólo el Ejército y la Marina Armada de México estaban en condiciones de hacer frente en el corto plazo.

    Sin embargo, “ante la desaparición de las policías locales y su sustitución por las Fuerzas Armadas, se olvidó casi por completo en muchos estados la atención a la seguridad cotidiana y los delitos del fuero común.

    “Tampoco se han establecido tiempos claros ni metas precisas para acotar la permanencia del Ejército en las calles”, comentó el ex diputado federal.

    Propuestas

    En el Congreso de la Unión existen al menos cuatro iniciativas para regular el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad interior: una presentada en el Senado por el panista Roberto Gil Zuarth y tres más en Diputados, promovidas por el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRI.

    El 27 de septiembre, Gil Zuarth presentó ante el pleno del Senado una iniciativa para crear la Ley de Seguridad Interior, con el propósito de regular la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de apoyo a las autoridades civiles, en los ámbitos local y federal.

    La intervención de las fuerzas especiales, explicó, dependerá de la emisión de las declaratorias correspondientes y su temporalidad, así como de la coordinación con las instancias civiles de seguridad pública y procuración de justicia, y las órdenes del Ejecutivo Federal.

    La iniciativa propone la intervención de comunicaciones privadas, la extracción de información, la geolocalización y entrega de datos conservados de sistemas informáticos, como técnicas especiales de investigación en materia de seguridad interior bajo control judicial y sin que sea necesaria la emisión de la declaratoria de afectación. Las facultades en la materia se otorgan exclusivamente al CISEN, previéndose mecanismos de compartición e intercambio de información entre las diversas instancias –Cisen, Sedena, Semar, CNS y FGR– en el seno del Comité de Seguridad Interior mediante un Subcomité Especializado en Inteligencia.

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