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  • MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2017
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  • Columna Eduardo Ruíz
  • OPINIÓN / COLUMNA/ Eduardo Ruiz-Healy

    El video hecho público por el diario poblano Cambio no puede ser más explícito. En él se observa cómo un soldado asesina a un supuesto huachicolero a las 8:44 pm del 3 de mayo pasado en Palmarito, Puebla, después de que terminara un enfrentamiento entre militares y ladrones de combustibles. La víctima estaba tendida sobre el suelo, boca abajo e inerme cuando recibió el balazo en la parte trasera de su cabeza. El soldado simplemente disparó su rifle y siguió caminando con toda tranquilidad. A todas luces fue una ejecución extrajudicial, “el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen”.

    Nada justifica que un policía, soldado o cualquier servidor público mate a una persona que está desarmada y en absoluto estado de indefensión. Ni el peor de los criminales puede ser privado de la vida después de haberse rendido o ser sometido por la autoridad.

    Privar de la vida a alguien no sólo representa la peor violación que se pueda cometer contra los derechos humanos de una persona. También convierte en asesino a quien cree que actúa en nombre y beneficio del Estado.

    En anteriores columnas he mencionado cómo un experimentado policía judicial me dijo hace algunos años que cuando él y sus subalternos se liaban a balazos contra los delincuentes, la orden era de disparar a matar pero, apenas se rindiera uno de éstos, la orden era la de respetarle la vida sobre todas las cosas. La razón de dichas órdenes es sencilla: no es lo mismo matar en defensa propia que hacerlo en sangre fría. Lo segundo es un vil asesinato y quien lo comete es un asesino más.

    Nuestras autoridades civiles y militares no pueden justificar, tolerar ni dejar de castigar a aquel servidor público, uniformado o no, que en nombre del Estado asesina a una persona que está desarmada y sometida. Y la sociedad, por más harta que esté de la impunidad con que actúan los delincuentes, tampoco puede tolerar que se cometa una ejecución extrajudicial porque al hacerlo acepta que alguien que supuestamente está para protegerlo se convierta en un asesino, en un criminal que algún día puede bien actuar contra la misma sociedad.

    Se rumora que durante el sexenio de Felipe Calderón hubo algunos mandos militares y policiacos que autorizaron a sus subordinados a matar delincuentes después de que estos se rendían o eran sometidos. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, una vez presumió que sus policías estatales no tomaban presos.

    De ser ciertos los rumores, ¿cuántos asesinos de este tipo hay en el país?, ¿están identificados?, ¿se está actuando contra ellos?, ¿cuántas de sus víctimas yacen en tumbas clandestinas?

    ruizhealytimes.com

    @ruizhealy

    eruizhealy

    BPG

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