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  • VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018
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  • La PGR mexicana estaría violando los derechos humanos al usarse para afectar a un candidato opositor y beneficiar al candidato oficial
  • La forma atrabancada en que la PGR fue empujada a amenazar al candidato del PAN-PRDMC, Ricardo Anaya Cortés, de quitarle la candidatura por operaciones inmobiliarias ilícitas no logró los objetivos político-electorales de beneficiar al PRI y sí metió al Gobierno del presidente Peña Nieto en el territorio del uso de instituciones del Estado para ayudar al candidato del PRI.

    Por lo menos dos confrontaciones quedaron perfiladas:

    1.- IFE vs INE. El exconsejero presidente del IFE, José Woldenberg, ha sido extremadamente cuidadoso en mantenerse alejado de las confrontaciones. Sin embargo, firmó la carta de intelectuales y activistas enviada el domingo al Presidente de la República para exigirle aplicar la ley si había elementos judiciales. La carta revela el uso faccioso de la PGR para afectar a un candidato presidencial. Pero el segundo pensamiento es peor: el expresidente del IFE de alguna manera exhibe la inacción –por decir lo menos– del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ante acciones presidenciales que distorsionan el proceso electoral.

    2.- La carta de activistas a Peña Nieto también estuvo firmada por un personaje que dejó entrever sus relaciones de poder: Emilio Álvarez Icaza, expresidente de la CDH del DF y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El mensaje nada subliminal fue claro: el uso faccioso de la PGR para beneficiar al candidato presidencial del PRI puede ser susceptible de abrir un expediente en la CIDHOEA, porque la PGR mexicana estaría violando los derechos humanos al usarse para afectar a un candidato opositor y beneficiar al candidato oficial.

    La carta de activistas encareció la operación gubernamental de judicializar el proceso electoral, aunque con evidencias de que el Gobierno Federal sólo usó a la PGR para amedrentar al candidato del PAN-PRD-MC y para ensuciar la candidatura opositora, sin embargo, el costo político estará por pagarse: José Antonio Meade Kuribreña apareció –dice el politólogo José Antonio Crespo– como el candidato de la coalición PRI-PGR.

    El dato no debe prestarse sólo a chunga. La PGR, que en estos meses debate públicamente su reconfiguración como fiscalía de la nación, ajena a los intereses del presidente en turno, fue usada para favorecer al PRI. Pero por tapar un hoyo, la PGR y el PRI abrieron otros: el involucramiento de Woldenberg en una denuncia que compromete la pasividad del Instituto Nacional Electoral y la violación de derechos humanos que podría procesar Álvarez Icaza con sus contactos en la OEA en Washington.

    La firma de Woldenberg debiera ser leída en el INE como una crítica a la pasividad del instituto frente a la descomposición del clima electoral, porque la autoridad institucional no parece dispuesta a frenar los abusos del PRI y las instituciones presidenciales. El consejo general del INE tendría la fuerza institucional suficiente para parar en seco a la PGR y evitar su uso faccioso para beneficiar al PRI.

    La hipocresía del PRI es evidente. En el reclamo de Meade a Anaya por el expediente de la PGR apareció Arturo Zamora, ahora líder de la CNOP, quien como candidato priista a gobernador en 2006, fue afectado por la difusión de la PGR panista de Calderón de una supuesta investigación judicial que lo involucraba con el crimen organizado. Ahora, sin embargo, avaló con su presencia el uso priista de ese juego sucio contra el PAN.

    Política para dummies: La política es la sensibilidad para identificar críticas y enfrentarlas, no voltear a otro lado.

    Carlos Ramírez/@carlosramirezh

    *Esta opinión no refleja necesariamente la de este sitio informativo

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