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  • LUNES 16 DE JULIO DE 2018
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  • La UNAM reproduce en su microcosmos el conflicto general del Estado: la impunidad, la debilidad institucional, la complicidad criminal, la pérdida del control de seguridad y sobre todo los temores al uso de la fuerza legal para defender a la sociedad
  • A partir de la concepción jurídica de autonomía que se asume como extraterritorialidad, la estructura de la UNAM –no sólo de CU– ha sido territorio fértil para el porrismo, el narcotráfico, la guarida de grupos políticos radicales nacionales y extranjeros y la delincuencia común.

    El problema de fondo radica en el hecho de que los rectores de la UNAM –desde Javier Barros Sierra (1966-1970) hasta el actual Enrique Graue (2015- 2019)– de algún modo directo o indirecto han sido responsables de la pérdida del control de la institución. En 1966 Leopoldo Sánchez Duarte, hijo del exgobernador de Sinaloa, humilló al rector Ignacio Chávez; y en 1972 huestes de Rubén Figueroa patrocinaron a Miguel Castro Bustos y Mario Falcón para destruir la rectoría de Pablo González Casanova.

    Desde 1966 la UNAM quedó atrapada en un triángulo de oro controlado por el PRI, el presidente de la república y los grupos dominantes de poder interno.

    Los rectores representan el tejido de estos hilos políticos a partir del criterio de que la comunidad unamita es factor de estabilidad/inestabilidad social y política capitalina y nacional.

    En este sentido, el porrismo, los narcomenudistas, los grupos violentos y los grupos radicales ideológicos armados no son problemas a resolver, sino mecanismos de control universitario al servicio de la rectoría y sus oficinas especialidades en el manejo de organizaciones ilegales. Lo malo, en realidad, es cuando estos grupos se disputan zonas territoriales en CU, las prepas, los CCH y ahora las FES (Facultades de Estudios Superiores).

    La violencia en la UNAM, por tanto, es parte de los mecanismos de estabilidad, de depuración de liderazgos de grupos ilegales y de reparto de los territorios de operación. El servicio de seguridad privada opera en la UNAM no para combatir a los grupos clandestinos, sino para regular el funcionamiento de los grupos ilegales.

    La apatía, incapacidad y debilidad de las autoridades de la UNAM son las responsables de que el crimen organizado y los grupos radicales clandestinos armados tengan el control de la estructura universitaria. La delincuencia organizada se asentó en CU durante la gestión del rector Juan Ramón de la Fuente (1999-2007), impuesto por Zedillo para controlar a la UNAM con la policía.

    Desde 1966, la policía ha entrado varias veces a CU para intimidar a organizaciones políticas radicales antisistémicas, pero no para crear estructuras de control que impidieran al crimen organizado. La iniciativa de reorganización de la UNAM del rector Carpizo (1985-1989) eludió la presencia delincuencial en CU.

    En agosto de 2011, en medio de las presiones sobre el gobierno de Felipe Calderón por el aumento de la violencia criminal, la UNAM presentó el documento “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia” y en ese texto el rector José Narro Robles –hoy secretario de Salud del gobierno de Peña Nieto– incluyó seis propuestas que tenían que ver con la UNAM, pero sólo en materia educativa y de salud, y no para sellar o blindar a CU de la penetración del crimen organizado.

    La UNAM reproduce en su microcosmos el conflicto general del Estado: la impunidad, la debilidad institucional, la complicidad criminal, la pérdida del control de seguridad y sobre todo los temores al uso de la fuerza legal para defender a la sociedad.

    Política para dummies: La política es el cinismo de gritar “al ladrón, al ladrón”, para desviar la atención de culpas propias.

    Carlos Ramírez/@carlosramirezh

    *Esta opinión no refleja necesariamente la de este sitio informativo

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