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  • JUEVES 18 DE ENERO DE 2018
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  • Foto: Archivo Cuartoscuro
  • El Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral y el Consejo de Europa desaconsejan eliminar totalmente el financiamiento público a los partidos
  • El Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA por sus siglas en inglés) y el Consejo de Europa coincidieron en que no es recomendable eliminar totalmente el financiamiento público para los partidos políticos en México.

    Una investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, titulada “Gasto y fiscalización electoral en México: 1997-2017”, destaca que de acuerdo con estos organismos, el objetivo de asignar fondos públicos a los partidos políticos es evitar la influencia de agentes privados en decisiones legislativas o de gobierno, ya que en otros países se han documentado relaciones de dependencia de candidatos y organizaciones partidistas, hacia organizaciones privadas por buscar fondos para campañas.

    La investigación señala que las 15 iniciativas que están radicadas en el Congreso de la Unión -unas que proponen la reducción y otras la desaparición del financiamiento público- no toman en cuenta los problemas derivados del actual modelo de fiscalización y de los requerimientos presupuestales del Instituto Nacional Electoral en razón de sus nuevas facultades derivadas de la reforma político electoral de 2014.

    Según el IBD, las multas asignadas a los partidos son ínfimas ante las proporciones del presupuesto público que reciben en años subsecuentes, por lo que es necesario mejorar los métodos de fiscalización y revisar la proporcionalidad de las multas y el financiamiento.

    El reporte del Instituto Belisario Domínguez revela que el esquema actual de multas a los partidos -derivado de la revisión de sus informes anuales y de campaña- es insuficiente para disuadirlos de conductas ilícitas, tales como: obtener financiamiento de origen desconocido o gastar sin objeto partidista.

    Además, aunque existen nuevas causales de nulidad para cualquier elección -como el rebase de topes de gasto de campaña, utilizar recursos públicos con fines electorales y el uso de dinero ilícito- el actual modelo de fiscalización no es suficiente para detectarlos.

    El IBD señala que, en el caso de los topes de gasto de campaña, la pronunciada disparidad de criterios del cálculo de éstos en las entidades federativas hace poco plausible que se pruebe su rebase.

    La investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica del IBD puede consultarse íntegramente en la dirección electrónica: http://www.bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3690/reporte_48_2709.pdf?sequence=5&isAllowed=y

    dgp

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