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  • VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018
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  • Ciudad de México.- El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar, demandó al Gobierno Federal se aplique un protocolo de protección para presidentes municipales, tras los asesinatos de dos de ellos ocurridos este fin de semana.

    En espera de una respuesta oficial, el titular de la ANAC exhortó a los alcaldes a reforzar su seguridad y, sobre todo, revisar tanto su equipo como personal de protección.

    “Que revisen todos sus sistemas de seguridad todos los alcaldes y que inmediatamente, si tienen alguna amenaza de muerte, lo reporten con nosotros o con las autoridades para poder actuar rápido. Vemos que el alcalde había mandado un Twitter al presidente Peña unas horas antes de su asesinato. El llamado ahorita es que revisen su seguridad, toda su seguridad y que inmediatamente que reciben a sus familias y a ellos cómo está su seguridad”.

    Vargas del Villar manifestó que solicitarán, este lunes, una audiencia con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al considerar que hoy en día ser alcalde, representa un alto riesgo.

    “Necesitamos platicar con Gobernación, con el Ejército, la Marina, con los expertos en materia de seguridad y riesgos a funcionarios para poder sacar protocolos; tenemos que incrementar los niveles de seguridad; con camionetas blindadas. Dependiendo del riesgo que tengan los alcaldes, porque hay partes con más riesgo es donde tenemos que implementar el protocolo”, expresó.

    Señaló que de 2003 a la fecha han sido asesinados 79 alcaldes en el país; 40 en funciones, siete electos y 32 ex presidentes municipales.

    Al asegurar que 98 por ciento de los asesinatos contra alcaldes fueron perpetrados por miembros de la delincuencia organizada, el presidente de la ANAC dijo que en su mayoría obedecen a que se niegan a pactar con estos grupos crimínales.

    “La mayoría de las veces es que hay una presión y por eso los llegan a matar, muchos por pasar información al Gobierno Federal de las actividades y otros en hechos aislados”, agregó.

    Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz son estados con riesgo muy alto para los alcaldes de acuerdo con la ANAC, seguidos de Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas.

    La demanda de instaurar un protocolo para los alcaldes obedeció a los asesinatos tanto del edil de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto como de su homólogo de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González.

    Reclama PRD

    El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) condenó el asesinato del alcalde perredista del municipio de Pungarabato.

    A través de un comunicado de prensa, exigió al Gobierno Federal que actúe de inmediato y cree un protocolo especial de seguridad que brinde protección federal e incluso militar, a los alcaldes que sufren amenazas y agresiones de diversa índole.

    Recordó que el alcalde contaba con medidas cautelares pues, en días recientes, había denunciado que el operativo de seguridad había abandonado la Tierra Caliente.

    La dirigencia perredista hizo un llamado al gobierno del estado de Guerrero a que actúe en coordinación con las autoridades federales “para que este cobarde homicidio sea investigado y se dé con los responsables”, se lee en el comunicado.

    “El CEN del PRD lamenta profundamente la muerte del alcalde, quien era un perredista guerrerense reconocido, y se solidariza con su familia.

    Estaremos atentos a las investigaciones y no permitiremos que este homicidio concluya en carpetazo”,
    advierte la dirigencia del Sol Azteca.

    Critican falta de respuestas

    Luego de lamentar el homicidio del presidente municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, exigió a las autoridades federales y estatales investigar el caso, procesar a los responsables y otorgar cuidado y custodia a la viuda e hijos del edil.

    Recordó que “hace poco más de un año Ambrosio Soto acudió con el senador Armando Ríos Piter y conmigo, para que pudiéramos intervenir, para que pudiéramos hablar con las autoridades federales, para que otorgaran el cuidado, la custodia, la seguridad del municipio y de su persona”.

    En esa ocasión, asegura el senador, hablaron con Renato Sales, entonces coordinador nacional Antisecuestros, hoy coordinador nacional de Seguridad; “hablamos con la Secretaría de Gobernación en dos ocasiones y no nos dieron respuesta, hoy Ambrosio Soto está asesinado”, sentenció Barbosa Huerta.

    En esto coincidió el senador Armando Ríos Piter, quien calificó como “un hecho indignante, terrible, que causa dolor y frustración, toda vez que el presidente municipal, Ambrosio Soto, desde hace varios meses denunció que era víctima de extorsión”.

    Acusó que el Gobierno Federal redujo su apoyo a ponerle una escolta, pero no instrumentó ninguna estrategia de inteligencia para ubicar a los miembros del crimen organizado detrás de las amenazas.

    Aplicar la ley 

    Diputados de Movimiento Ciudadano condenaron los hechos de violencia en San Cristóbal de las Casas y los asesinatos del presidente municipal de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González y el síndico, Narciso Lunes Hernández.

    Los legisladores emitieron un comunicado de prensa donde acusaron que la falta de diálogo y desatención de las autoridades a la problemática que enfrentan esas comunidades, fue el factor responsable de los actos violentos que provocaron la pérdida de vidas, lesionados, e inseguridad para esa comunidad chiapaneca.

    En esto coincidió Hugo Erick Flores, dirigente del Partido Encuentro Social (PES) quien hizo un llamado al gobierno de Manuel Velasco para actuar de manera inmediata y con todo el peso de la ley en contra de quienes dejaron una estela de sangre y muerte en el ayuntamiento de la comunidad indígena de San Juan Chamula.

    “Desde este instituto político repudiamos, una vez más, la violencia generada en San Juan Chamula, municipio que ha dejado ver una grave ingobernabilidad debido a la impunidad que prevalece en la región. La autoridad estatal debe restablecer la paz aplicando la ley sin distingos”, advirtió el también diputado federal.

    Consideró que, otra vez, la violencia en Chiapas es provocada por una larga historia de impunidad en la región. Estos hechos, dijo, se deben a las condicione sociales, políticas y culturales que mantienen a los Altos de Chiapas en una situación incontrolable.

    Ambos grupos parlamentarios hicieron un llamado a las autoridades para que realicen las diligencias necesarias a fin de esclarecer los asesinatos en Chiapas y Michoacán, de presidentes municipales, se finquen responsabilidades y se castigue a los culpables.

    Ángel Álvarez

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