Indígenas de Mezcala buscan la recuperación de su territorio
Tras casi 20 años de invasión en su territorio comunal y forestal, la comunidad coca de Mezcala espera que el juicio agrario que interpusieron falle a favor de los derechos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Mexicana
Luego de casi dos décadas de invasión en el territorio comunal de los indígenas coca, en Mezcala Jalisco; se espera la resolución del juicio interpuesto contra el empresario Guillermo Moreno Ibarra.
De acuerdo con la comunidad indígena, Moreno Ibarra se apropió de una parte de sus tierras comunales desde 1999, que además de pertenecer a los chocas de Mezcala, es tierra boscosa considerada como forestal por las autoridades.
La invasión de diez hectáreas de terreno comunal y forestal hicieron que la comunidad interpusieron un juicio agrario que sería resuelto este jueves. Existen expectativas por parte de los indígenas coca de que el fallo sea a su favor, con la esperanza de obtener justicia por su territorio.
El conflicto no sólo ha tenido como problemática la apropiación de la tierra, sino que la comunidad coca también ha denunciado el uso de personas armadas para el resguardo e intimidación por parte de Guillermo Moreno Ibarra.
Entre las afectaciones también se destacó históricamente el desvío de agua que utilizaba la comunidad para fines privados, ya que el terreno invadido se encontraba en una zona alta del cerro. Pero el agua fue desviada a través de una represa que estancó el vital líquido, sin que los demás habitantes pudieran gozar de este derecho.
La importancia del caso radica en la impartición de justicia a uno de los pocos pueblos originarios de Jalisco, ya que la comunidad coca ha resistido por el respeto de sus derechos comunales desde tiempos de la conquista.
Además se busca que la resolución sea en el sentido del respeto por los derechos indígenas, porque los chocas están apelando al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el respeto de las comunidades originarias para el uso de su territorio, así como los artículos primero y segundo de la Constitución y un protocolo de protección que, según la comunidad, fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
