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Yvonne Reyes
03 de Ago 2020

Movimiento Ciudadano y PRD exigen investigar “compra” de diputados en cinco millones de pesos por parte del PT

El PRD considero que el tráfico de legisladoras y legisladores daña la expresión popular del voto ciudadano cuando ésta se produce por intereses ajenos a la labor parlamentaria.
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Los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y PRD en la Cámara de Diputados demandaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la Contraloría interna investigar la denuncia hecha por el coordinador petista Jorge Argüelles de que el Partido del Trabajo está “comprando” diputados en cinco millones de pesos para incrementar el número de sus integrantes con la pretensión para asumir la Presidencia de la Mesa Directiva, a partir del primero de septiembre.

Ambas bancadas pidieron respectar los principios fundacionales de “ética, pluralidad y legalidad” aprobada por todos los coordinadores parlamentarios, el 10 de septiembre del 2018, los cuales han sido instrumentos indispensables para adoptar acuerdos con el más alto nivel de consenso.

En días pasados, el coordinador del PES, Jorge Argüelles, hizo señalamientos respecto de eventual ofrecimiento de dinero, posiciones y candidaturas a legisladores del PES y de otros grupos parlamentarios con el objetivo de adherirlos al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y desplazar al Partido Revolucionario Institucional, como tercera fuerza política para adjudicarse la presidencia de la Mesa Directiva durante el tercer año de la actual Legislatura.

Al respecto, MC y PRD indicaron que esta denuncia se confirma luego de que en las últimas semanas diputados del PES y de otras bancadas se han sumado al Partido del Trabajo, con la intención de modificar sustancialmente el número de legisladores con las que ese grupo parlamentario se registró en la instalación de la Legislatura.

Ante ello, Movimiento Ciudadano encabezado por Tonatiuh Bravo Padilla, pidió a la Jucopo se deslinde de cualquier acto de cooptación política a través de ofrecimientos políticos o económicos y que garantice que las decisiones relativas a la conformación de los Órganos de Gobierno de la Cámara de Diputados ocurran en el marco del acuerdo fundacional.

“Movimiento Ciudadano hace votos porque en la Cámara de Diputados prevalezcan el acatamiento de la ley, el cumplimiento de los acuerdos fundacionales de la LXIV Legislatura”.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática encabezado por su coordinadora Verónica Juárez Piña pidió a la Junta de Coordinación Política, Comité de Ética y a la Contraloría de la Cámara de Diputados investigar la compra de diputadas y diputados hasta por cinco millones de pesos para que pasen a formar parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Indico que no está prohibido en el marco jurídico el derecho de las y los diputados cambiar de grupo parlamentario conforme a sus afinidades políticas, “sin embargo, ahora nos encontramos de frente a presuntos actos de corrupción que pretenden desconocer los acuerdos fundacionales que fueron tomados por todas las fuerzas políticas, al inicio de esta LXIV Legislatura, en relación con la presidencia de la Mesa Directiva que, en el año legislativo por comenzar, correspondería al Grupo Parlamentario del PRI”.

El PRD considero que el tráfico de legisladoras y legisladores daña la expresión popular del voto ciudadano cuando ésta se produce por intereses ajenos a la labor parlamentaria.

“La construcción de mayorías artificiales no sólo constituye un acto contrario a la ética parlamentaria, a la justicia y, probablemente, a la Ley sino que establece un precedente peligroso en contra de la civilidad y la vida democrática del Congreso de la Unión, por lo cual convocamos a todas las fuerzas políticas a respetar los acuerdos alcanzados para garantizar la pluralidad y la gobernabilidad en este órgano legislativo”, subrayo la bancada del sol azteca.

Finalmente, las bancadas de MC y PRD hicieron un llamado urgente e inaplazable a todas las fuerzas políticas para rechazar cualquier acción que tenga como objetivo final generar desconfianza, ingobernabilidad, avasallamiento y desconocimiento de los acuerdos consensados, pretendiendo lesionar, a través de la impunidad que otorgan las mayorías artificiales, al Congreso de la Unión.

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