Cabe mencionar que simultáneamente la disculpa pública fue traducida en lengua Tzotzil, y el evento fue en una plaza pública.
En Ocosingo, Chiapas, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a nombre del Estado Mexicano ofreció una disculpa pública a las hermanas González Pérez.
“Ana, Beatriz y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez, a nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente, a la señora Delia Pérez le ofrezco una disculpa a nombre del Estado mexicano por su detención ilegal y por el agravio sufrido al tener que atestiguar los hechos cometidos en contra de sus hijas”
SEGOB Foto: SEGOB
Sánchez Cordero, destacó que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, asume la responsabilidad por un hecho que evoca dos exigencias pendientes:
“Por un lado, la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, a quienes reiteradamente hemos fallado en garantizar sus derechos individuales y colectivos, Asimismo, reconocemos que este abandono institucional y la marginación social a las que han estado sometidas las comunidades y los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano, ha colocado en una posición de extrema vulnerabilidad a las mujeres indígenas de este país”.
La Titular de la Política Interna del país, hizo un recuento de las acciones que quebrantaron los Derechos Humanos de la Familia González Pérez
“El 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas, a las hermanas González Pérez y a su madre para interrogarlas, las tres hermanas, una de ellas menor de edad, fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en más de una ocasión”
SEGOB Foto: SEGOB
La narrativa de la Secretaria, destacó que el 30 de junio de 1994 se presentó una denuncia al Ministerio Público Federal con base en exámenes médicos, el cual fue corroborado y ratificado por la declaración de Ana y Beatriz, las dos hermanas mayores; pese a que las víctimas son civiles, el expediente fue trasladado a la jurisdicción militar en septiembre de 1994, y fue archivado.
“Las hermanas no quisieron someterse a un proceso de revictimización y se negaron a volver a declarar y a someterse a nuevas pruebas periciales. Para las autoridades jurisdiccionales militares, esto fue suficiente para archivar el caso”. Agrego.
El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 16 de enero de 1996 y que emitió esta Comisión el Informe de Fondo No. 53/01 en 2001 declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a las garantías judiciales, la protección judicial efectiva en la investigación de los hechos de tortura.
“Parte de la respuesta del Estado fue decir que, en su momento, las autoridades responsables no demostraron suficiente interés en el caso, por lo cual no se podía reiniciar la investigación militar; y que no se configuraban violaciones de los derechos humanos”.
Desde hace 25 años, el caso se encontraba en total impunidad, y el Estado mexicano no había cumplido con su deber de juzgar y sancionar a los responsables, ignorando por 18 años las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cabe mencionar que simultáneamente la disculpa pública fue traducida en lengua Tzotzil, y el evento fue en una plaza pública.
