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Martes 19 de Marzo 2019 00:00:00

Funcionaria pública podrá seguir ganando lo mismo pese a Ley Federal de Remuneraciones


La magistrada Sonia Rojas interpuso un amparo que provocó que un juzgado suspendiera, de momento, la aplicación de la ley en su caso específico
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23 de Noviembre 2018
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Luego de que el Poder Legislativo aprobara la Ley Federal de Remuneraciones, en la que se establece que ningún funcionario público podrá ganar más que el presidente de la República, la magistrada de circuito Sonia Rojas interpuso un amparo para que su salario no sufriera modificaciones, por lo cual, mientras se define la demanda, ya ganó una suspensión momentánea de la aplicación de la Ley en su caso específico.

Ante el primer amparo interpuesto en contra de dicha Ley, se espera que algunos funcionarios más comiencen a someterse a este instrumento legal a fin de preservar su salario, el cual es de suponerse supera los 108 mil pesos mensuales que ganará Andrés Manuel López Obrador.

La suspensión provisional otorgada a la magistrada, quien presentó el amparo en un juzgado federal con sede en Mazatlán, Sinaloa, fue otorgada en lo que en el juicio se resuelve si la ley viola o no sus garantías.

De momento, la magistrada seguirá recibiendo su salario sin ajustes, lo que significa un revés a la ley que también elimina prestaciones extraordinarias para funcionarios públicos, como seguro de gastos médicos mayores, bonos y pagos a costa del erario.

El juez basó su fallo en el articulo 95 constitucional que establece “la irreductibilidad” de remuneraciones a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito, jueces de distritos, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados electorales, mientras dure su encargo.

Por su parte, la magistrada argumentó en su demanda que con la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones se vulneraron sus derechos garantizados en los artículos 1, 14, 16, 17, 75, 94, 123 y 127 de la Constitución mexicana.

El 13 de diciembre se determinará, en el juicio, si la magistrada se hace acreedora a otra suspensión de la aplicación de la ley hasta que se determiné el fallo final respecto al amparo.

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