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  • JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017
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  • Políticos. Foto: Cortesía
  • La lista de 32 aspirantes se redujo a 23
  • Las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y Justicia del Senado descalificaron a Braulio Robles Zúñiga, quien trabajó en la Coordinación de Asesores de la PGR, cuando Arely Gómez González era titular, y a Angélica Palacios Zárate, como candidatos a ocupar la Fiscalía Anticorrupción.

    Además, se dieron las declinaciones de Ángel Buendía Buendía y Héctor Carreón Perea, con lo que la lista de 32 se redujo a 23.

    Los presidentes de estas comisiones, Héctor Yunes, del PRI, y Pilar Ortega Martínez, del PAN, anunciaron que Robles Zúñiga y Palacios Zárate quedaron descalificados por presentar ensayos idénticos para fundamentar la idoneidad de su candidatura.

    Héctor Yunes calificó de inaceptable que ambos presentaran párrafos casi idénticos en sus ensayos.

    “No sabemos quién elaboró el documento y quién copió. Tenemos aquí los dos ensayos y varios párrafos son prácticamente idénticos”, afirmó. Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, lamentó esta situación.

    “Es lamentable la situación encontrada en los ensayos que presentaron dos de los candidatos programados para hoy; tiene que ver con una similitud muy específica en cuanto a la redacción de ambos ensayos.

    “Dada las características de este proceso que es justamente buscar quién encabece la Fiscalía para Combatir los Delitos de Corrupción, es inadmisible que estas personas siguieran en el proceso”, destacó.

    En este marco, los senadores Ernesto Ruffo (PAN) y Layda Sansores (Morena) coincidieron en que antes de designar al fiscal anticorrupción, debe modificarse el entramado constitucional.

    “Nace muerta, atada, amordazada; estamos eligiendo al sirviente del sirviente”, aseguraron tras considerar el proceso como una burla.

    En el último día de comparecencias, los senadores y aspirantes coincidieron en que para contar con una fiscalía útil y un fiscal fuerte, debe reformarse el diseño institucional, garantizando su autonomía y dotándolos de herramientas que permitan su independencia política.

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