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Noemi Gutiérrez
06 de Nov 2019

Dispuesto a comparecer: Gabriel García

Afirmó que tiene la conciencia tranquila, y hasta el momento no le ha llegado ninguna notificación.
Gabriel García Hernández Foto: Internet

Gabriel García Hernández, coordinador General de Programas para el Desarrollo, señaló que en caso de que exista alguna denuncia en su contra por posibles actos de corrupción acudiría a la Secretaría de la Función Pública para deslindar responsabilidades.

Afirmó que tiene la conciencia tranquila, y hasta el momento no le ha llegado ninguna notificación.

En entrevista en Palacio Nacional, rechazó los señalamientos que hizo la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien lo acusó de inflar el padrón de militantes del partido cuando fue secretario de Organización y distribuirlo a los denominados “superdelegados” o coordinadores de los programas del gobierno federal.

Afirmó que le tiene un profundo respeto Polevnsky, pero le aclaró que ya no interviene en cuestiones partidistas.

“Ahora nuestra función nos obliga a separarnos por completo y a no meternos, ya no tenemos partido, ahora el partido se llama México, ya no se puede tener esas diferencias”, aseveró.

García Hernández se dijo dispuesto a acudir ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en caso de que existiese alguna denuncia en su contra.

“Desconozco si he sido denunciando, no me ha llegado ninguna notificación. Estoy dispuesto a aclarar lo que sea necesario. Yo estoy súper tranquilo”, expresó.

Pidió esperar a que la SFP concluya las investigaciones contra 10 superdelegados que fueron denunciados.

“Si hay alguien que haya tenido alguna actitud de que se utiliza los recursos públicos y los programas para fines electorales pues esto ya está muy claro y de entrada tendrá que salir de la administración, y después tendrá que haber consecuencias legales” advirtió.

El 24 de octubre, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en su comparecencia ante diputados dijo que se investiga a los denominados superdelegados en Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco por el supuesto manejo irregular de los programas sociales.

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