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Yvonne Reyes
27 de Nov 2020

PRI propone Registro Nacional de Agresores Sexuales

Para ello, se propuso reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a las leyes Nacional de Ejecución Penal y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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Debido a la recurrencia y aumento de los delitos sexuales en México, es urgente crear un registro nacional de agresores, que proteja y garantice la salud física y psicológica de las mujeres, considero el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados.

Para ello, propuso reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a las leyes Nacional de Ejecución Penal y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Indicaron que de acuerdo con el último informe de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones Unidas, México registra altos niveles de violencia, en contra de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

“En México la violencia en contra estos grupos vulnerables se mantiene en las sombras y solamente en contadas ocasiones llega hasta las autoridades judiciales”.

Por ello, los priistas argumentaron que el registro nacional de agresores permitirá acceder a un sistema de información pública, con los datos de las personas sentenciadas por delitos previstos en el Código Penal Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, como: corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, abuso sexual, abuso sexual de menores o violación.

Esto equivaldría a contar con un mecanismo de alerta ciudadana, de prevención y protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de facilitar las investigaciones sobre delitos sexuales, evitar o anticipar conductas de reincidencia y disminuir los índices de impunidad en la materia.

Dijeron que la base de datos no presupone una sanción o una condena y sin embargo, es esencial para impedir y reducir los delitos sexuales, debido a que ayudará a las autoridades a identificar a las personas infractoras y reincidentes, contribuyendo a su detención.

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