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Comparecencia de la secretaria de Bienestar


La secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, advirtió que no tolerarán que se lucre con la pobreza y que se sancionará a los funcionarios que usen de forma electoral los programas sociales.
Crédito: María Luisa Albores Foto: Internet, María Luisa Albores Foto: Internet
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22 de Octubre 2019
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Durante más de cuatro horas, la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores escuchó fuertes reclamos no solo de los legisladores de oposición sino hasta de Morena, quienes denunciaron el uso electoral de los programas sociales, particularmente en Colima y Tamaulipas.

La funcionaria compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, pero fue avasallada por la lluvia de reclamos que le hicieron las bancadas principalmente del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD que le reprocharon la eliminación de las estancias infantiles, la falta de reglas de operación de los programas sociales, así como por las irregularidades en el levantamiento del censo de beneficiarios.

A este reclamo se sumó la morenista Claudia Yáñez quien dijo: “Quiero usar esta tribuna para denunciar que, de manera lamentable, algunos de los delegados o coordinadores federales están manipulando discriminadamente los recursos de los programas sociales destinados a los más pobres, entre ellos como ejemplo la delegada de Colima”.

Mientras Eduardo Zarzosa, del PRI, entregó a la funcionaria una fotografía donde aparece Indira Vizcaíno Silva, súper delegada del estado de Colima, lucrando políticamente con los programas sociales.

“Aquí le tengo una fotografía, secretaria, en donde muestra cómo está Indira al frente de este mitin político, está en frente de un mitin político y le quiero pedir, secretaria, que ponga atención en esto, no le estoy faltando el respeto a la secretaria, estoy siendo muy respetuoso, solo le pido que ponga atención en este tipo de casos”.

La secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, advirtió que no tolerarán que se lucre con la pobreza y que se sancionará a los funcionarios que usen de forma electoral los programas sociales; además de que ya se investiga a los superdelegados en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal e Indira Vizcaíno Silva, en Colima.

Martha Angélica Zamudio Macías indico que la sinceridad y la honestidad no han sido suficientes para dar buenos resultados en este primer año de gobierno, en el que han sido desaparecido programas que funcionaban , además del recorte presupuestal que se aplicó a una docena de estos programas.

“Es probable, secretaria, que exista corrupción, sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es en que se retiren estos programas que tanto han beneficiado a los mexicanos más necesitados”. 

En su exposición, la funcionaria señaló que, en México, casi 100 millones de personas viven en pobreza o con carencias sociales o de ingresos, aunado a que solo 27.4 millones de mexicanos son considerados “no pobres”.

Sin embargo, responsabilizó nuevamente a gobiernos anteriores por la desigualdad y el rezago social que vive el país, que al iniciar la administración contaba con 50 millones de personas en pobreza y 10 millones de ellas en pobreza extrema.

“Enfrentamos un país con más de 50 millones de pobres y casi 10 millones de personas en pobreza extrema. Un país donde solo el 27.4 millones se consideran no pobres, uno de cada cinco. Esto quiere decir que casi 100 millones de personas en México se encuentran en una situación de pobreza y presentan carencias sociales o de ingreso. Esto no lo podemos permitir más”, apuntó.

Al aseverar que se ha dejado atrás la política asistencialista, destacó que hasta el momento se beneficia a 20 millones de personas y la inversión en distintos programas sociales ha sido de 300 mil millones de pesos.

“Dejamos atrás las políticas asistencialistas y fragmentadas por políticas integrales. El objetivo es que en el 2024 la población en México viva en un entorno de bienestar. Los programas prioritarios de la política social están en diversas secretarías. Hemos llegado a más de 20 millones de mexicanos con una inversión conjunta de alrededor de 300 mil millones de pesos”, reportó.

“El estado simplemente se retiró paulatinamente de su quehacer, irresponsabilidad en materia del cumplimiento de los derechos sociales del pueblo. Lo anterior, provocó que se ampliaran las brechas de desigualdad social y territorial en nuestro país, que no se garanticen los derechos de las personas, que se concentrara el ingreso en la población más rica y que se viera afectado el bienestar de las familias y las personas, sobre todo de las personas indígenas”, subrayo la funcionaria.

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