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  • DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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  • Foto:Cuartoscuro
  • El Gobierno Mexicano se opone por una cuestión de principio
  • La pena de muerte existió desde la época prehispánica en México, pero un antecedente en el artículo 22 de la Constitución de 1917 cambió las cosas en el país.

    El párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución de 1917 originalmente establecía:

    “Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.”

    El Gobierno Mexicano actualmente se opone a la pena de muerte como una cuestión de principio, el objetivo de México es desarrollar su tarea de asesoría en materia de pena de muerte y asegurar que los connacionales reciban una protección consular al que tienen derecho, de acuerdo con una investigación de la Cámara de Diputados.

    LEE: Los datos curiosos de la Constitución de 1917

    Los antecedentes de la pena de muerte

    En 1975, todos los estados de la república mexicana habían abolido la pena de muerte, aunque a nivel federal existía.

    Esa posibilidad se restringió paulatinamente hasta que fue suprimida cuando el 9 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó dicho precepto a efecto de abolirla absolutamente.

    El entonces presidente de México, Vicente Fox, dijo que “el 9 de diciembre quedaría grabado en la historia nacional como aquel en que México se unió a los países que tienen en el respeto a la vida, uno de sus más altos derechos“, de acuerdo con el diario El País.

    “La pena de muerte es contraria a los derechos humanos, por eso el Gobierno ha hecho una defensa firme de los mexicanos sentenciados a muerte en otros países”, explicó Fox.

    El Estado Mexicano se reconoce como defensor activo de los Derechos Humanos ante la Comunidad Internacional y considera el derecho a la vida como uno de ellos.

    Los tratados internacionales a los que se ha adherido México, forman parte de la ley suprema de toda la Unión, en consecuencia la normatividad relativa a la pena de muerte, contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es una ley suprema de toda la Unión, de acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la pena de muerte en el país.

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    GG/BPG

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