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  • MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017
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  • Por Luis Moreno 

    Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como la Ley 3de3, se prevén sanciones administrativas y penales e incluso la disolución de la sociedad, en contra de las firmas que incurran en sobornos, tráfico de influencias o uso indebido de recursos, ya sea de dinero público o privado.

    A las empresas también se les aplicará la extinción de dominio, es decir, el decomiso de bienes como propiedades o dinero en efectivo que la empresa haya obtenido a través de malas prácticas.

    La nueva ley pretende perseguir este tipo de casos y exhibir la conducta de la empresa, no sólo de las personas que incurrieron en el acto, precisó Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana.

    “A la empresa se le podría acusar de corrupción bajo el nuevo Código Penal, porque se puede demostrar que actuó como tal y no solo el ejecutivo. Es decir, que se pueda establecer que no fue solo un ejecutivo de la empresa quien obtuvo el beneficio indebido a partir de un soborno o cohecho, sino que la empresa tuvo una política para obtener esos beneficios indebidos”, explicó Bohórquez.

    La Ley 3 de 3, promulgada en julio de 2016, pretende perseguir a las empresas que usan la corrupción como una estrategia para mejorar su posición.

     BPG
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