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Militarización para combatir crimen organizado, ha profundizado crisis de derechos humanos en México

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16 de Junio 2016
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México, 15 de junio de 2016.- La persecución violenta en contra del crimen organizado, resultado de la política de militarización de la seguridad pública que se ha implementado en el país, profundizó la crisis de derechos humanos en México, al grado que miles de mexicanos son víctimas de distintas atrocidades como la tortura y la desaparición forzada.

Así lo advirtieron organizaciones civiles defensoras de las garantías individuales, entre ellas Servicios y Asesoría por la Paz (Serapaz), durante una mesa de reflexión para analizar los costos que esta política pública tiene en los derechos humanos en México.

Este grupo amplio de organizaciones, entre las que destacan distintas de Estados Unidos, aseguraron haber documentado los altos costos de la política de Estado de militarización de la seguridad pública, esto desde el sexenio del ex presidente Felipe Calderón hasta la actual administración, periodos que, afirmaron, se distinguen por violaciones graves a los derechos humanos.

En este encuentro, sostuvieron que desde el calderonismo existe un “incremento exponencial en la comisión de violaciones graves a derechos humanos”, particularmente de la tortura, desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, el desplazamiento interno forzado y la violencia sexual, entre otros.

Dichas atrocidades, insistió Olga Guzmán, directora de Incidencia Nacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se exacerbaron por la “guerra” contra las drogas y el crimen organizado.

Este colectivo avaló los datos del informe de la organización internacional Open Society, el cual asegura que existen “fundamentos razonables” para considerar que tanto las fuerzas gubernamentales como la delincuencia organizada, ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la población civil a lo largo de la última década.

Entre lo grave, acusaron que los distintos niveles de gobierno son incapaces de rendir cuentas por la violación sistemática de derechos humanos por parte de agentes del Estado, es decir, “no hay responsables”, investigaciones diligentes, ni acceso a la verdad, a la reparación del daño ni mucho menos a la justicia.

César Aguilar
Capital Media/@EfektoNoticias

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